Insigne Orden del Toisón de Oro  

        La Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, única distinción española reservada privativamente a las señoras fue creada por el Rey Don Carlos IV, a instancia de su esposa la Reina Doña María Luisa, mediante el Real Decreto de 21 de abril de 1792; la intención del Rey era que la Reina tuviese un modo más de mostrar su benevolencia a las personas nobles de su sexo que se distingan por sus servicios, prendas y cualidades.

        La primitiva idea de este establecimiento femenino la tuvo el licenciado don José de Vallugera y Núñez Bermúdez de Castro Acevedo y Silva, un abogado del Ilustre Colegio de Madrid nacido en Santiago de Compostela en 1763. A primeros de noviembre de 1791 presentó el licenciado Vallugera a la Reina un curioso proyecto de Orden de Damas nobles, dirigido a distinguir a las señoras de la nobleza de las plebeyas, fomentando los casamientos entre iguales para evitar la decadencia nobiliaria.

  La Reina María Luisa de Parma, esposa de Don Carlos IV
Real y Distinguida Orden Española de Carlos III  
Real Ord. de Damas Nobles de la Reina Mª. Luisa  
Real Orden de Isabel la Católica  
Orden Civil de Alfonso X el Sabio  
Ord. del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario  
Orden del Mérito Civil  
Orden de África  
Orden Civil de Sanidad  
Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort  
Orden de Cisneros  
Real Orden del Mérito Deportivo  
Orden Civil de la Solidaridad Social  
Órdenes Civiles extinguidas o en desuso  
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        Esa idea original era muy diferente de la que por fin se llevó a cabo: se trataba de una Orden abierta a todas las mujeres de España y de las Indias que acreditasen su condición nobiliaria, previéndose más de diez mil adhesiones. Habría en ella dos grados: el de Grandes Damas –Personas Reales y Grandes de España–, y el de Damas –Títulos, Señoras y Nobles en general–; todas ellas ostentarían una banda de tres fajas iguales (roja-blanca-roja), de la que pendería una cruz de oro con la imagen de San Luis de Francia –su santo patrono–, y al reverso la cifra de la fundadora orlada del lema La nobleza conservada. Este proyecto fue muy del agrado de la Reina, deseosa sin duda de perpetuar su augusto nombre como le sugería el jurista Vallugera, y a tal efecto ordenó al Conde de Aranda y a don José María de Anduaga, oficial mayor de la primera Secretaría de Estado, que se estudiase la propuesta, adaptándola a sus preferencias, y que se preparase luego el decreto de creación.

 

Depurado el  proyecto  original  –desprovisto  de  toda  connotación religiosa, según la orientación de Aranda–, la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, fue creada en abril de 1792, con ocasión de la salida de la Reina a la primera misa –la llamada Misa de Parida–, después de dar a luz al infeliz Infante Don Felipe María Francisco, decimotercero y penúltimo vástago de los Reyes. La Orden quedaba conformada como una institución premial, estrictamente femenina, gobernada por la Reina y compuesta por treinta bandas, reservadas a la primera Nobleza española. Inmediatamente se preparó el primer capítulo para la investidura de las Damas nobles de la primera promoción nombrada por la Reina en el mismo día de la fundación de la Orden; esta primera ceremonia pudo tener lugar en el Real Palacio de Aranjuez, donde estaba la corte de jornada, pocas semanas más tarde, con un ceremonial muy sencillo. Enseguida la propia Reina nombró un secretario, en la persona de Don Miguel de Bañuelos y Fuentes, caballero pensionado de la Orden de Carlos III, e Intendente General del Ejército. Al propio Bañuelos se encomendó la tarea de redactar los primeros estatutos, que no fueron del agrado regio, y hubieron de ser reformados por don Miguel de Otamendi, oficial mayor de la primera Secretaría de Estado. Finalmente, los Estatutos definitivos de la Orden fueron aprobados por la propia Reina el 15 de marzo de 1794, es decir, al día siguiente de la célebre sesión del Consejo de Estado celebrada en Aranjuez, en la que se debatió hacer la guerra contra la Convención francesa, triunfando el partido de Godoy –partidario del enfrentamiento armado–, sobre el del Conde de Aranda, que aquella misma tarde fue destituido y aprisionado.

        Los Estatutos de la Orden son escuetos, puesto que constan solo de quince artículos. En el se establece el numerus clausus de treinta Damas –sin contar las Personas Reales–; pero se permite rebasarlo a voluntad de la Reina, cuando por consideraciones particulares juzgue Yo conveniente aumentarle. Notemos que ese límite jamás fue observado, hasta tal punto que la Reina fundadora concedió en los dieciséis últimos años de su reinado casi un centenar y medio de bandas; y que durante el de su nieta Doña Isabel II resultaron agraciadas nada menos que ¡414! señoras. Parece que sólo durante los días de Don Alfonso XIII se intentó ajustar las concesiones a la treintena estatutaria, claro es que con poco éxito.

 


Cruz y banda de la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luis.

 

        El segundo artículo describe las insignias de esta Orden –que por cierto ya se venían usando con anterioridad–, a saber: una banda, generalmente de moaré de seda y algodón, de color blanco en el centro y con fajas exteriores moradas, que se luce terciada desde el hombro derecho al costado izquierdo; la anchura de esta banda es la mitad que la de las bandas de las Órdenes masculinas. De ella pende una cruz de ocho puntas (del tipo de la de Malta) de oro y esmaltes; en su centro, un óvalo con la imagen de San Fernando, de cuerpo entero, armado, coronado y con manto, propio de su regia condición, y portando una espada en su mano derecha, mientras que la izquierda sostiene el globo u orbe real; toda la figura del Monarca Santo aparece con sus colores naturales y nimbado de rayos de oro. El exergo del óvalo central y los bordes de los brazos de la cruz son de esmalte morado y el interior de los dichos brazos, de esmalte blanco. En los espacios entre los brazos de la cruz, dos leones y dos castillos contrapuestos, unidos entre sí por una pequeña cadena. El conjunto de la cruz pende de una corona de laurel, dorada o verde, según los casos. En el reverso, la cifra de María Luisa y, rodeándola, la leyenda Real Orden de la Reyna María Luisa. En ocasiones, los esmaltes se substituyen por piedras duras o preciosas, de los colores mencionados. Y queremos recordar que en ciertos retratos podemos encontrar representada la cruz con los colores de sus brazos alterados, es decir, los bordes blancos y el interior morado. Obligación muy importante impone este mismo artículo estatutario a todas las Damas nobles: la de ostentar cotidianamente esta banda con su venera, como pública muestra del gran honor que les ha sido concedido por la Reina. Sin embargo, desde 28 de noviembre de 1878 se permite a las señoras agraciadas usar diariamente del más discreto lazo con la cruz pendiente, como diremos más adelante.

 

        Es de notar que todas las insignias (banda y cruz) eran propiedad de la Orden, que las cedía en usufructo a todas las agraciadas, quedando éstas obligadas  mediante  recibo a disponer  su  devolución  luego de su fallecimiento. Y hay que  decir que esta obligación fue constantemente observada al menos hasta 1868 –quizá hasta finales del siglo XIX–. Por cierto que a partir de 1833, y con motivo de la cuestión dinástica entre isabelinos y carlistas, las varias cruces y bandas que estaban en poder de Damas Nobles Carlistas nunca fueron devueltas a la primera Secretaría de Estado, lo que obligó a disponer la hechura de nuevas insignias en 1838. Algo parecido ocurrió tras el destronamiento de Doña Isabel II en 1868, pues las Damas Nobles fieles a la Real Familia por lo general se negaron a la devolución de sus bandas a las nuevas autoridades revolucionarias.

        El patronato de la Orden queda encomendado mediante el artículo 3 a San Fernando, Rey de Castilla y León y progenitor de la Real Familia. Por eso la fundadora encargó a las Damas nobles que le profesaran especial veneración. Por los mismos motivos, encomendó lo propio respecto de San Luis, Rey de Francia (art. 4). En los días de sus respectivas festividades (30 de mayo y 25 de agosto), la Reina recibiría a las Damas nobles en capítulo particular. Las obligaciones prescritas para las Damas nobles en los Estatutos de 1794 no eran excesivamente gravosas: aparte de la devoción a San Fernando y San Luis, tan sólo debían visitar una vez al mes algún hospital de mujeres u otro piadoso establecimiento o asilo (art. 5); profesarse mutuo afecto, y hacer celebrar y oír al menos una misa por cada Dama noble que falleciese (arts. 6 y 7). Las visitas caritativas a los enfermos eran práctica habitual entre las señoras de la época, y esta costumbre continuó hasta tiempos recientes. En cuanto a los sufragios por las Damas nobles fallecidas, diremos que se celebraron constantemente, tanto por la propia Orden, como por las compañeras de la difunta, para cuya noticia la Gaceta de Madrid publicaba anualmente –al menos hasta fines del siglo XIX– una relación de ellas.

        Los artículos 8, 9 y 10 establecen la administración de la Orden, encomendándola a un único Ministro Secretario, dependiente de la Primera Secretaría de Estado, a través de cuyo titular se comunicaba este oficial con la Reina. Sus cometidos eran los de llevar asientos y registros exactos de las órdenes y providencias que se le dirijan, y de los nombramientos, recepciones y fallecimientos de las Damas: pasarles los avisos que ocurran para su asistencia á los actos de la Orden, y para el cumplimiento de sufragios por las que fallezcan, ú otros fines: custodiar las Insignias, cuidando de recoger las de las Damas difuntas; y presenciar las recepciones, y otras concurrencias de ceremonia de la Orden: con lo demás que es propio de su empleo, y le tocare en estos Estatutos. También estaba obligado a presenciar el acto de investidura de cada nueva Dama noble, para anotarlo en los libros de registro y extender y entregar a las señoras recibidas una certificación que les servía de título (art. 12). El propio Primer Secretario de Estado era el encargado de las comunicaciones con las Damas nobles –particularmente en el despacho de las solicitudes, avisos de concesión y de fallecimiento–, aunque el secretario suplía algunas de ellas.

     

        Las Damas nobles agraciadas con esta banda la recibían mediante una ceremonia de investidura, que se celebraba normalmente en las habitaciones de la Reina. El ceremonial de estos capítulos de la Orden –al que más adelante dedicaremos algunos párrafos– quedaba establecido pormenorizadamente en los arts. 4, 5, 11 y 12. Las señoras agraciadas con este honor que, por residir fuera de la Corte o en el extranjero, o por hallarse enfermas o impedidas, no podían concurrir a la ceremonia de investidura en Palacio, eran autorizadas a imponerse por sí mismas las bandas en sus respectivas residencias, o eran condecoradas por tercera persona designada al efecto como representante de la Soberana (art. 13). Finalmente, la Reina se reservaba la facultad de modificar o ampliar los Estatutos (art. 14), y ordenaba su impresión y la remisión de uno de los ejemplares impresos a las señoras nuevamente premiadas (art. 15).

        El establecimiento de la Orden fue uno de los objetivos vitales predilectos de la Soberana, como lo acreditan sus disposiciones y desvelos en pro de su prestigio. Pero conviene decir que toda la corte española sintió un entusiasmo indescriptible hacia esta novedad premial, siendo notables las muchas solicitudes de ingreso que se presentaron a la Reina. Las ceremonias cortesanas se vieron pronto adornadas por las prestigiosas bandas, y el mismo Don Carlos IV, movido por su esposa, no se limitó a decretar  la  creación e n 1792,  sino  que  en  abril de  1796, concediendo a las Damas

 

Nobles y a sus maridos el tratamiento entero de Excelencia, las equiparó a la Grandeza de España y a los caballeros Grandes Cruces de la Orden de Carlos III. En todo caso, si consideramos tanto el turbulento momento histórico en que tuvo lugar su fundación –Luis XVI sería guillotinado pocos meses después–, como el inesperado y extraordinario entusiasmo que despertó en la Real Familia y en la Corte toda, quizá debamos deducir que la creación de esta Orden representó dos cosas bien distintas: en primer lugar, un intento desesperado de evadirse de la realidad política –plasmada en la vecina Francia revolucionaria–, refugiándose en una realidad teatral –la de aquella corte delicada y petimetra–; pero, en segundo lugar, también constituyó un extraordinario esfuerzo político por vincular estrechamente a la más encumbrada aristocracia española, alrededor de sus Reyes.

        Las Órdenes femeninas no son infrecuentes en el panorama europeo: de hecho, esta Orden es similar a otras instituciones foráneas. Recordemos en primer lugar la Orden de la Calavera, fundada en Silesia por el Duque de Wurtemberg en 1652, y renovada como institución femenina en 1709 por Luisa Isabel, Duquesa viuda de Sajonia. Le siguen en el tiempo la Orden de la Cruz Estrellada, fundada en 1668 por la Emperatriz Leonor Gonzaga, viuda de Fernando II –a la que pertenecía la propia Reina María Luisa desde sus días de princesa de Parma–; la Orden de Santa Catalina, creada por Pedro el Grande de Rusia en 1714 para honrar a su celebérrima esposa; y la Orden de Santa Isabel, que instituyó en Baviera la Electriz Isabel Augusta en 1766. Posteriormente a la fundación de esta Orden de María Luisa española, se crearían otras del mismo carácter femenino: en Portugal, la Orden de Santa Isabel, fundada el 4 de noviembre de 1801 por el Regente Don Juan a instancias de su esposa, la Infanta española Doña Carlota Joaquina, hija de la Reina María Luisa de España; en Prusia, la Orden de Louise, nacida en 1814; en Baviera, la Orden de Santa Teresa, en 1827; en Sajonia, la Orden de Sidonia, en 1870; en Rumania, la de Santa Isabel, en 1878; y por fin en Grecia, la de Santa Olga y Santa Sofía, en 1936 –ésta la posee, por cierto, Su Majestad la Reina Doña Sofía–. Entre todas, llama la atención la otomana Orden de Nichan-El-Shefakat, fundada en 1878, y notable por ser la primera reservada a la mujer en un país de religión mahometana; pero no fue la única, ya que en Persia existió una Orden para las Damas, y en Egipto la de El-Kemal, a ellas reservada. También en el sudeste asiático, concretamente en el Imperio de Annam, se estableció como Orden femenina la de Ngoc-Boi. Notemos que al tiempo de la fundación de la Orden de María Luisa, en las postrimerías  del  siglo XVIII, la  consideración social de  la  mujer había  crecido lo suficiente  como  para  que  las  señoras  fuesen  tenidas  en  cuenta  en  muchos aspectos. Probablemente, la creación de esta Orden pueda relacionarse con la política de Fomento, mediante la cual los ilustrados del siglo XVIII trataban de implicar a las mujeres que compartían sus ideales de avance social, técnico y científico, truncados en gran medida por la Revolución Francesa en aquel mismo momento histórico: recordemos algunas figuras femeninas destacadas en aquellos tiempos, como la doctora Doña Isidra de Guzmán, la Marquesa de Lozoya, o el grupo de las Damas de honor y mérito integradas en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Estas circunstancias bastan para desdeñar cualquier consideración de arcaísmo o de discriminación sexista en la Orden de María Luisa. Muy al contrario, y dejando aparte la inconsecuencia de juzgar otras épocas con los criterios actuales, resulta que en 1792 la fundación de esta Orden constituyó sin duda un éxito social para el sexo femenino, a cuyas integrantes se reconocía así, por vez primera en nuestra Historia, la capacidad de ser reconocidas, distinguidas y premiadas por sus servicios, prendas y calidades.

 
 

        El devenir histórico de la Orden a lo largo de sus doscientos años de existencia bien puede dividirse para su estudio y exposición en seis periodos bien delimitados, que coinciden con los distintos momentos de la Monarquía española contemporánea, y que corresponden a los años 1792 a 1808 (reinado de Don Carlos IV y postrimerías del Antiguo Régimen), 1814 a 1833 (reinado de Don Fernando VII), 1833 a 1868 (reinado de Doña Isabel II y advenimiento del sistema constitucional), 1869 a 1874 (periodo revolucionario), 1875 a 1931 (reinados de Don Alfonso XII y Don Alfonso XIII), y 1931 hasta nuestros días (exilio de la Real Familia e instauración de la Monarquía democrática).

        El primer periodo de existencia de la Orden abarca desde los días de su fundación en 1792, hasta el comienzo de los horrores de la guerra de la Independencia, en la primavera de 1808. Tuvo la Orden en esta etapa un auge muy notable, y sobre todo inmediato, celebrándose con gran brillantez muchos capítulos y reuniones presididos por la Reina fundadora.  Aunque  ciertamente  las disposiciones de  1792 y de 1794  preceptúan  la  celebración de

capítulo al menos dos veces al año –en las festividades de San Fernando y de San Luis–, no parece que se diera cumplimiento a tal mandato con toda regularidad: en el libro de registro y actas de la Orden, que estaba a cargo de su Secretario, no se refleja ninguna reunión celebrada en las aludidas fechas estatutarias. Pero sí que se celebraron, sin embargo, otros muchos para proceder a la imposición de las bandas a las nuevas promociones de Damas nobles.

     

        Durante este primer período la Orden, como acabamos de decir, alcanzó un prestigio muy notable, no solo en la corte española, sino en todas las de la Europa católica. Ya durante aquellos dieciséis primeros años la Reina fundadora concedió la banda con prodigalidad –hasta ciento cincuenta nominaciones de una distinción limitada a treinta–. Las agraciadas pertenecían mayoritariamente a la Familia Real y a sus más próximas parientas: es decir a las Casas de España, Portugal, Parma, Etruria (Lucca), Nápoles y Sajonia; y también, como es lógico, a la más ilustre y encumbrada Nobleza española: notemos que durante esta etapa fundacional fueron las señoras del más elevado rango cortesano –o sea, aquellas que formaban el entorno íntimo e inmediato de la Soberana fundadora–, las que formaron el núcleo fundamental de esta nueva Orden. Tras aquellas primeras nominaciones, otras muchas señoras de la aristocracia, desde muy diversos puntos de los Reinos de España –incluidos los virreinatos americanos, por supuesto–, y desde toda Europa, aspiraron en número creciente a lucir la banda, codiciada desde su mismo nacimiento. Fue el caso de las embajadoras de las potencias católicas, especialmente las llamadas de familia, es decir de los reinos a que acabamos de hacer alusión.

        Tras los tratados de paz y amistad con el ya proclamado Emperador de los Franceses, en 1807 se concedió esta banda a Josefina, Emperatriz de los franceses y Reina de Italia, primera esposa de Napoleón; y al mismo tiempo a su cuñada Carolina Bonaparte, Gran Duquesa de Cleves y de Berg por su matrimonio con Joaquín Murat. Esta brillante etapa fundacional se cierra en el momento de la gran convulsión nacional provocada por la llegada de los franceses y la prisión de la Familia Real, en abril y mayo de 1808.

 


  Retrato de la Reina María Luisa de Parma, esposa de Don Carlos IV, con uniforme de Coronel de las Reales Guardias Españolas y luciendo el lazo y venera de la Orden que lleva su nombre.

 

        El intruso José Napoleón pretendió acabar con casi todas las Órdenes españolas, entre ellas esta de María Luisa –cuya denominación y naturaleza no podía aceptar dentro de su programa político–, y a tal efecto firmó el decreto de 18 de septiembre de 1809, suprimiéndolas todas excepto la del Toisón de Oro; pero esta norma apenas tuvo efecto, y menos aun en los territorios defendidos por las tropas españolas. Mientras tanto, sorprendentemente, la Reina fundadora Doña María Luisa, confinada en Roma con su augusto esposo, continuaba otorgando esta condecoración de vez en cuando.

     

        La vuelta del "Deseado" al Trono de sus mayores no produjo, en un principio, novedad alguna dentro de esta Orden. Las segundas bodas del Rey, celebradas con Doña María Isabel de Braganza, Infanta de Portugal (septiembre de 1816), dieron lugar a la promulgación del Real Decreto de 15 de octubre de 1816, mediante el cual el Monarca reconocía a su nueva esposa las mismas facultades y preeminencias que había ostentado su madre la fundadora de la Orden. Al día siguiente, la propia Reina firmaba otro decreto aceptando este encargo, y tomando varias resoluciones, que redundaron en algunas modificaciones estatutarias. Efectivamente, la Reina ordenó al entonces ministro secretario, don Tomás Lobo y Arjona la actualización y refundición de los Estatutos fundacionales, adecuándolos a los nuevos tiempos. En virtud del regio mandato, Lobo llevó a efecto el encargo del modo siguiente: los estatutos 2 y 4 fueron adaptados a la nueva situación, pues se referían precisamente a la Reina Fundadora. El estatuto 5 se dejó sin contenido, refundiéndolo en los números 4 y 11, que trataban del ceremonial –el cual se adaptó a los usos observados en la Orden de Carlos III–; en ese estatuto 5 se incluyó entonces el Real Decreto de 29 de marzo de 1796, por el cual Don Carlos IV concedió a las Damas nobles el tratamiento de Excelencia, extensivo a los maridos. En el estatuto 8 se incluyó el Real Decreto de 25 de octubre de 1800, por el que se previno que en adelante el único ministro de la Orden fuese el de la de Carlos III. Por fin, en el estatuto 11, como va dicho, se introdujeron cambios ceremoniales. Por lo demás, tras este nuevo impulso regio, la Orden reanudó la vida activa que había tenido antes del desastre de 1808. Se produjo, eso sí, una situación confusa y contradictoria entre la posición de la Reina  Doña María Isabel, y la de su suegra y abuela la fundadora Doña María  Luisa: pues ésta, exiliada en Roma, continuaba distribuyendo la banda entre las señoras de su predilección; hasta seis bandas había concedido ya en 1816. Pero el fallecimiento de la Reina Madre, acaecido en su residencia romana el segundo día del año de 1819, puso fin a este absurdo institucional y jurídico.

 
 

Doña María Isabel de Braganza (Infanta de Portugal), segunda esposa de S.M. el Rey Don Fernando VII .

 

        Las sucesivas consortes de Don Fernando  VII  –Doña  María  Amalia  de  Sajonia y Doña María  Cristina de las Dos Sicilias–obtuvieron inmediatamente de su llegada a Madrid las mismas prerrogativas reconocidas a la fundadora, instaurándose así la costumbre de que las Reinas de España ejerciesen estas funciones dentro de la Orden. El fin del Antiguo Régimen en España coincide con el óbito del Deseado y la proclamación de su hija niña Doña Isabel II (octubre de 1833). Pero esta mudanza dinástica y sobre todo política –guerra civil incluida– apenas significó nada en la vida de la Orden de María Luisa, pues la nueva Reina –que reunía en su persona, por vez primera, las cualidades de Jefa y de cabeza de la Orden– sólo innovó en lo relativo al cambio de la fórmula de investidura, aspecto de escasa relevancia. Tampoco la tuvo el hecho de que las Damas nobles que figuraron en el bando carlista se vieran desposeídas de la banda, desapareciendo de las relaciones publicadas en la Guía de Forasteros. Esta regla de exclusión de las señoras vinculadas al carlismo continuó durante todo el siglo XIX.

        Establecidas ciertas obligaciones fiscales anejas a la concesión condecoraciones, las atinentes a la banda de María Luisa quedaron definitivamente fijadas en el Real Decreto de 26 de julio de 1847, en cuyo art. 21 se establecía que los caballeros grandes cruces de las Órdenes de Carlos III e Isabel la Católica abonasen unos derechos de ingreso cifrados en 3.000 reales. Pues bien, el art. 6 del Real Decreto de 28 de octubre de 1851, extendió esta disposición a la banda de María Luisa. El plazo para abonar tales derechos y obtener el título de Dama noble se fijó en tres meses para las señoras residentes en la Península, y seis meses para aquellas radicadas en Ultramar; transcurridos los cuales sin haberlo efectuado, la concesión quedaba sin efecto. Ese mismo Real Decreto de 28 de octubre de 1851, sin alterar los primitivos Estatutos, introdujo importantes reformas en el procedimiento de admisión, que redundaron en una mayor intervención del Gobierno nacional en los asuntos de la Orden: desde entonces, es preceptiva la propuesta previa a S.M., acordada por el Consejo de Ministros para verificar toda concesión, y el decreto de gracia debe publicarse en la Gaceta de Madrid (hoy en el Boletín Oficial del Estado) en el plazo de un mes a contar desde su firma. Notemos, sin embargo, que la propuestas de concesión de la Orden de María Luisa no se cursaban a través de los ministros de la Corona, ni del jefe superior de Palacio (lo que sí se observaba en las de Carlos III e Isabel la Católica).

     
 

         En los periodos fernandino e isabelino (1814-1868), aparece en las listas de la Orden toda la realeza católica europea: cuatro Emperatrices de Austria (incluyendo a la celebérrima Sissi); Eugenia, Emperatriz de los Franceses; Carlota, la desdichada Emperatriz de México; tres Reinas de Sajonia; una de Baviera; dos Emperatrices del Brasil; la primera Reina de los Belgas y la última de las Dos Sicilias, y otras muchas infantas y princesas de Sangre Real. Al mismo tiempo, comienzan a figurar en esas listas otras damas pertenecientes a la realeza no católica, como lo fueron Victoria, Reina de Gran Bretaña e Irlanda y Emperatriz de la India; varias Zarinas rusas, una Reina de Hannover, o la Reina Ana de los Países Bajos. Junto a ellas se mantiene constante la presencia en la Orden de las más ilustres señoras de la Grandeza de España y otras Tituladas. Pero, al mismo tiempo, sobre todo durante el largo reinado de Doña Isabel II, van integrándose en la Orden otras señoras casadas con ilustres políticos y generales de más reciente ascenso social; y, lo que es en principio más extraño, aparecen algunas señoras de posición social más insólita: por ejemplo, la esposa del banquero y diputado José Buschental, señora de origen judío que mantuvo en Madrid, antes y después de la ruina y muerte de su esposo, un salón artístico y literario de gran fama. No sería la única sangre hebrea dentro de la Orden, pues también lucieron la banda con posterioridad la baronesa de Weisweiller (1875), la baronesa Amelia de Rotschild (1883), y doña María Bauer, Duquesa de Baena (1914). El panorama religioso de las Damas nobles, originalmente reducido al catolicismo, se completó desde entonces con señoras ortodoxas, anglicanas, protestantes... y muy pronto incluso mahometanas.

        Desterrada Doña Isabel II en 1868, el Regente Serrano otorgó algunos toisones, y siete bandas de la Orden de Damas Nobles de España –nombre adoptado por la Orden de María Luisa a partir de 1869–, entre ellas la primera concedida a una princesa  mahometana, la  madre del entonces jedive de Egipto. La  Reina  Doña  María  Victoria,

 

esposa de Amadeo de Saboya, no parece haberla ostentado jamás; pero su esposo se tituló Jefe de la Orden y como tal procedió a otorgarla en veinte ocasiones –concesiones que fueron casi todas ellas reconocidas más tarde por Don Alfonso XII–. A finales de marzo de 1873 la Orden fue abolida por los gobernantes republicanos Figueras y Castelar, pero esta supresión tuvo pocos efectos, ya que se permitió a las agraciadas hasta aquel momento continuar en la ostentación pública de la banda.

        

        Restaurada la Monarquía, la Orden de María Luisa volvió a la denominación y usos anteriores, mediante el decreto de 7 de enero de 1875. Don Alfonso XII, casado en primeras nupcias en enero de 1878 con su prima hermana Doña María de las Mercedes de Orleáns, delegó en ella las funciones tradicionales por su Real Decreto de 11 de marzo de 1878. La nueva Reina que encabeza la Orden presidió un capítulo corporativo el 6 de abril siguiente. Su inmediato fallecimiento, acaecido el 26 de junio de aquel mismo año, le impidió dedicarse con mayores afanes a su Orden. Pero su periodo de gobierno es memorable, ya que propuso al Rey el establecimiento de un lazo para ostentar al pecho la cruz de la Orden, que sustituyese a la banda, cuyo uso cotidiano se había ya abandonado desde muchos años antes y estaba reservado para las grandes funciones de corte. Don Alfonso XII, por su Real Decreto de 28 de noviembre de 1878, declaró que las Damas nobles podrán usar sobre el lado izquierdo del pecho, la Cruz de la Orden pendiente de un lazo de cinta igual a la Banda, con traje alto y aun con otro de mayor etiqueta, siempre que el acto no requiera por su importancia el uso de la banda en la forma prescrita en los Estatutos de la Orden.

        Ni el nuevo matrimonio del Pacificador con Doña María Cristina de Austria (29 de septiembre de 1879), ni el contraído por su hijo póstumo Don Alfonso XIII con Doña Victoria Eugenia de Battenberg (31 de mayo de 1906) tuvieron relevancia en cuanto al funcionamiento de la Orden. Las sucesivas Reinas obtuvieron la acostumbrada delegación –también la Reina Madre en 1902, por estar todavía soltero el último Alfonso–, y mantuvieron la vida tradicional de la Orden de María Luisa.

 

A lo largo de la evolución histórica de la Orden, ésta fue perdiendo su primitivo carácter de distinción dinástica y familiar –la banda representaba ante todo una muestra de aprecio de la Reina de España, y una vinculación directa a su Persona y Familia–, para irse convirtiendo de una manera paulatina en una condecoración estatal y de mérito. Este proceso culmina a mediados del siglo XIX, cuando su concesión se mantiene como distinción de las señoras de la alta nobleza, pero al mismo tiempo se extiende a recompensar los méritos de los maridos de las agraciadas –políticos, militares...–, y para corresponder en el ámbito diplomático. Pero, a pesar de todo ello, estas nuevas circunstancias nunca supusieron una merma en el afán de las muchas señoras pretendientes por lograr la preciada banda: esto nos muestra hasta que punto gozó esta Orden de un enorme prestigio, no sólo en la España peninsular y ultramarina, sino también en el resto de Europa, alcanzando en ocasiones su concesión a los Estados Unidos de América, Egipto, Persia, e incluso el Japón y Tailandia. Ya durante los tiempos de Don Alfonso XIII continuaron produciéndose numerosas concesiones: 242 bandas se dieron entre 1902 y 1931, siendo los años de 1906, 1908, 1919 y 1924, aquellos en que se distribuyeron más mercedes –casi veinte–. En este primer tercio del siglo XX se incorporaron a la Orden algunas señoras, no por su sangre, ni por los méritos de sus maridos, sino por los suyos propios, acreditados tanto en el campo de la cultura –caso de las escritoras doña Emilia de Pardo Bazán y doña Concha Espina–,  como en  el  de la filantropía

 

–caso de la belga señora de Carton de Wiart, o de las españolas Marquesa de Lozoya y Duquesa de la Victoria–. Al llegar el año crítico de 1931, como nos recuerda don Dalmiro de la Válgoma, la clarquimorada banda era portada por un centenar de Damas nobles, entre las que se encontraban reinas y princesas de todo el mundo, junto a señoras de la alta nobleza y, como decimos, otras señoras que habían destacado por su talento o por su dedicación a los afligidos.

 
        Desde el momento de la fundación, la concesión de bandas se distribuye por reinados del modo siguiente:
Jefe Bandas Reinado Proporción
Carlos IV

137

16 años

8,5

Fernando VII

150

19 años

7'8

Isabel II

414

35 años

11,8

Sexenio

26

3,5 años

7,4

Alfonso XII

138

11 años

12,5

Regencia

86

16 años

5'3

Alfonso XIII

235

29 años

8'1

Juan (III) (Conde de Barcelona)

3

36 años

0,08

Juan Carlos I

2

26 años

0,07

 

        Prescindiendo de las rarísimas concesiones hechas por los dos últimos Jefes de la Orden –que durante su mandato se ha visto completamente postergada y obscurecida– resulta haber sido Don Alfonso XII el más generoso en la distribución de bandas.

        El decreto republicano de 24 de julio de 1931, sin referirse expresamente a esta Orden, la abolió de hecho como institución oficial. Pero tanto el desterrado Rey Don Alfonso XIII, hasta enero de 1941, como su hijo y sucesor dinástico el Conde de Barcelona, Jefe de la Casa Real desde 1941 hasta 1977, otorgaron algunas bandas de María Luisa a princesas de su entrono familiar. El primero lo hizo a favor de Doña Alicia de Borbón-Parma, al tiempo de casar con el Infante Don Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, en 1935; el segundo a sus hijas las Infantas Doña Pilar y Doña Margarita para conmemorar sus fiestas onomásticas respectivas cuando cada una de ellas hubo cumplido los dieciocho años (o sea en 1954 y 1957). Lo propio se hizo al conceder esta preciada distinción en 1962 a Doña Sofía de Grecia, al tiempo de convertirse en Princesa de Asturias por su matrimonio con quien luego sería el Rey Don Juan Carlos I.

        Notemos que durante el largo mandato del Generalísimo Franco, ni el Toisón de Oro ni la banda de María Luisa fueron restauradas como Órdenes estatales –lo que sí ocurrió con todas las demás Órdenes de tradición monárquica–; pero sí que fueron ambas reconocidas en cierto modo como instituciones dinásticas, al ser consentido y tolerado su uso en actos públicos oficiales, incluso militares. Ya hemos dicho en otra ocasión, al tratar de la suprema Orden de nuestra secular Monarquía, que en aquellos años las autoridades españolas, y concretamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, colaboraron con el Conde de Barcelona en la recuperación de collares e insignias de estas Órdenes.       

 

        Actualmente y desde 1977 el Jefe de esta Orden, en virtud de los Estatutos de 1794, reformados en 1816, es Su Majestad el Rey; y la encabeza –no ha habido delegación expresa de funciones, como ocurrió en otras épocas–, Su Majestad la Reina Doña Sofía. La cancillería de la Orden tiene su sede, desde la fundación en 1792, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se conservan sus registros y archivos.

        La Orden conserva sin novedad una única categoría: la de Dama noble, cuyo número está limitado a treinta plazas, salvo voluntad en contrario del Rey. Las señoras pertenecientes a esta Orden tiene tratamiento de Excelencia -extensible a sus maridos–, en virtud del Real Decreto de 29 de marzo de 1796; y tienen reconocidos algunos otros honores palatinos hoy en desuso. La insignia permanece inalterable desde la fundación, y es la misma que antes hemos descrito.

        No obstante lo anterior, la Orden de María Luisa atraviesa durante los últimos años por una extraña situación, pues, aunque no se ha legislado sobre ella y por lo tanto permanecen en vigor sus estatutos de 1794, resulta que no se han verificado concesiones últimamente, ni tampoco Su Majestad la Reina e Infantas de la Real Familia suelen lucirla en público. Sí lo hicieron en los primeros años del actual reinado, tanto en la ceremonia de proclamación (22 de noviembre de 1975), como en innumerables actos oficiales posteriores: recordemos las recepciones ofrecidas en el Palacio Real durante 1978 al presidente francés Giscard d'Estaing o a los Reyes de los Belgas. Las postreras ocasiones en que esta insignia se ha visto en un acto oficial público han sido durante los funerales escurialenses por el Conde de Barcelona, el 7 de abril de 1993; y la boda sevillana de Su Alteza Real la Infanta Doña Elena, el 18 de marzo de 1995.

 

Retrato oficial de S.M. la reina Doña Sofía luciendo el lazo de la Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa y la banda  del collar de Carlos III (1976).

 

     La información expuesta ha sido obtenida de la obra "Las Órdenes y Condecoraciones Civiles del Reino de España", de D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila y D. Fernando García-Mercadal y García Loygorri.